Los financía el narco

10 12 2009

DDHH

Tentadora para muchos es la aseveración que, en tono determinante, escriben algunos lectores de blogs y comentaristas de las noticias diarias de las ediciones electrónicas de medios de comunicación. Una muy grave: “los de derechos humanos protegen delincuentes”. Y aún peor para rematar: “los financían los narcos”.

Parece que no se ha entendido del todo bien la noción de derechos humanos. De algún modo, se asocia vagamente a la idea de comisiones estatales-nacionales u organismos no gubernamentales con grandes oficinas y financiamientos que interceden ante las cúpulas políticas.

Pero también el niño que denuncia acoso de un profesor defiende sus derechos humanos. Lo hace la madre que denuncia negligencia médica. Lo hace el periodista que acude a documentar la devastación ecológica. Los ejerce el trabajador que exige su reinstalación laboral ante un despido injustificado. En síntesis: la base de los derechos humanos estriba en una noción de humanidad en un mundo económicamente marcado por clases política y económicamente dominantes y dominadas.

Amnistia InternacionalAmnistía Internacional presentó ayer el informe “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército”. Presenta cinco casos ejemplares de desaparición forzada, tortura y malos tratos. Con todo y el sesgo real ante muchos casos más, algunos editorialistas lo minimizaron en el sentido de que cinco casos no forman una generalidad.

Destaca que la CNDH recibió este año casi 2 000 quejas contra el ejército desde comienzos de 2008, mientras que los dos años anteriores suman 549.

“Una organización de derechos humanos de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, informó a Amnistía Internacional que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por personal de ejército entre enero de 2008 y septiembre de 2009. No obstante, sólo 21 particulares denunciaron oficialmente los casos, ya que el resto temía que se cumplieran las amenazas vertidas contra ellos.

Producto de la lucha y movilización social

Lo que les da a los organismos reconocidos el papel que tienen y mayor protagonismo cuando se habla de derechos humanos es porque, a través de los años, han desarrollado una metodología de investigación, estrategias de difusión y promoción, talleres y cursos educativos, ferias. Es decir, no hablar por hablar desde la lejanía del escritorio, sino conocer a profundidad los casos antes de saber cuáles son los derechos violentados.

Éstos organismos, oficiales o no gubernamentales, retoman los derechos que han sido adquiridos a través de los movimientos sociales de varias décadas para hacerlos válidos. No son dádivas del Estado ni privilegios. Derechos como salud, vivienda, educación, trabajo, libertad de expresión, salario digno, tierra, servicios públicos, transparencia, cese de las detenciones ilegales y a la tortura ¿son ajenos a las exigencias por las cuales se ha luchado en las calles?

Ningún funcionario otorgó nunca por su voluntad el derecho de la mujer al voto, ninguno presidente (como alguna vez presumió Vicente Fox) abrió las puertas libertad de expresión, la realidad es que el Estado ha cedido ante la presión de las luchas y decenas, centenares, miles de personas que fueron despedidas de sus trabajos, escuelas, expulsados de sus comunidades, cayeron en prisión, sufrieron violación o hasta fueron desaparecidos forzadamente o murieron en la defensa de esos derechos colectivos. La propia existencia de partidos políticos opositores al PRI es, histórica y paradójicamente, una victoria de las luchas sociales.

Hoy en las versiones electrónicas de diarios mexicanos como El Universal, Milenio o La Jornada, abrir el espacio a la discusión de los lectores permite ampliar el panorama de las noticias, corregir datos erróneos de los autores y discrepar de las opiniones de los demás. Algo muy positivo (y producto precisamente de las luchas mencionadas). Pero también se ha prestado a un diálogo de sordos (donde además, personajes como López Obrador y Felipe Calderón tienen forzosa e innecesariamente que salir, aunque se trate de una nota sobre espectáculos). Es muy fácil escribir anónimamente, nadie nos castigaría por ello.

Lo grave es cuando, para descalificar la labor de organizaciones de derechos humanos se recurre a lo rápido, lo “obvio” y la acusación ambigua y sin hechos concretos. Destaco las principales: 1) “los de derechos humanos defienden delincuentes” y 2) “a los de derechos humanos los financía el narco”.

Padres de los hiños fallecidos en la guardería del IMSS en Hermosillo en la Ciudad de MéxicoEstas acusaciones presuponen que los organismos están allí para ofender o desvirtuar la labor de funcionarios del Estado. Sin embargo, hoy algunos cuerpos de seguridad reciben, con recelo, talleres y cursos de derechos humanos lo que demuestra que, lejos de desvirtuar -en este caso concreto, la “lucha contra el crimen” del ejército mexicano-, refuerza la relación Estado-ciudadanía pero no para mejorarla, sino para amainar los reportes y denuncias.. Si ya no se puede desaparecer y torturar, ahora queda bajo la figura del arraigo y el espionaje legalizado.

¿Contra los militares o contra los abusos?

No conozco informe de alguna organización que cuestione firmemente la presencia del ejército (ni siquiera AI). De hecho, la crítica a la política de combate al crimen es laxa y de ella se han encargado más especialistas en seguridad nacional. Lo que sí existe y en abundancia son denuncias de agresiones de los cuerpos de seguridad pública (policias y militares) contra civiles desarmados en retenes, operativos, revisiones. Hasta a las policías locales le ha tocado. Es decir, se está registrando las consecuencias, no las causas de la violencia. No hay de dónde decir que AI o las organizaciones de derechos humanos “estén en contra” de la “guerra contra el crimen”.

Que alguien diga qué delincuentes han sido defendidos por cualquier organización de derechos humanos. Una cosa es exigir que a cualquier detenido, sea por el motivo que sea, no se le torture y se le aplique un juicio correcto y con derecho a defensa legal y otra es defender delincuentes. Lo grave del caso es calificar de antemano como delincuente a alguien sin haberse concluido un proceso. Ojo, alli también los periodistas jugamos un papel cuando no somos suficientemente cuidadosos y damos por hecho un calificativo anticipado.

Y sobre el “los financía el narco” aquí algunos pequeños botones de muestra, que parecieran estar escritos por la misma mano y parten de los mismos prejuicios:

El Universal, 9 de diciembre de 2009
Nota: Amnistía: militares violan derechos. El Universal

La  Jornada, 9 de diciembre
Nota: El Estado, cómplice de violaciones cometidas por militares, asegura AI. La Jornada

Milenio, 10 de diciembre de 2009
Nota: La intrépida estridencia de Amnistía Internacional. Milenio.

No es objeto mostrar los hilos completos de cada discusión, que el lector podrá leer en los enlaces con sus respectivas respuestas, sino dar una breve muestra del juicio ya premeditado.

Otras ocasiones una pregunta, bastante inocente si no estuviera en este contexto, cuando cuestionan dónde están los derechos humanos de las víctimas de las organizaciones del crimen (o individuos criminales). Es un cuestionamiento que muchas veces proviene del coraje o la desesperación, posiblemente honestos, pero que desconoce el límite de dónde actúan las herramientas de derechos humanos.

Aclaremos que, sin minimizar los daños que el crimen deja en la sociedad, el radio de los derechos humanos se limita a la relación de los ciudadanos (campesinos y pueblos incluidos) con respecto de sus gobiernos. Lo que se comete entre éstos (la ciudananía) es delito y compete a las autoridades investigarlo y sancionarlo si es requerido. El agravante que otorga el nombre de “violación a derechos humanos” es cuando quien está a cargo de nuestra protección/administración es quien lo comete (funcionarios).

Pongámoslo más fácil: caso hipotético 1) a Juan Ramírez le dispara un vecino después de un pleito vecinal. Es obligación de la policía acudir, investigar, castigar al agresor y de los servicios de salud darle atención médica. Caso hipotético 2) a Juan Ramírez le dispara un policía en servicio en la calle y la ambulancia se niega a llevarlo a un hospital. La labor de derechos humanos es exigir la investigación por qué razón un policia en servicio accionó su arma y porqué el servicio sanitario no le dio atención y exigir a la autoridad que competa castigar éstos abusos y omisiones y difundir éste hecho, pero por si mismo no puede realizar el castigo. Como se ve, es bastante más limitado el rango de acción.

Es decir, nadie está justificando ningún actuar criminal, pero nunca será visto con beneplácito una ejecución en manos de soldados o una confesión bajo tortura.

¿Que hay muchas cosas cuestionables en las comisiones de derechos humanos y en las ONG? Por supuesto que sí, todo ente público está expuesto a la crítica y al escrutinio.

No todas fomentan la transparencia pública de modo que aseveraciones como “los financían los narcos” se vuelvan indelebles. Algunas como la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” ha dado un paso adelante.

Sin embargo, que alguien pruebe con hechos y datos concretos ese tipo de acusaciones. Una destacada este año fue que en Nuevo León los “encapuchados” tomaron las calles para impedir el paso del Ejército. Salvo los señalamientos públicos hechas por funcionarios y militares de que las manifestaciones eran “pagadas por el narco” y que hasta les entregaban el supuesto dinero en vehículos, si fue cierto, ¿porqué no se detuvo en flagrancia a los supuestos donantes o pagadores? Si es un hecho, ¿podrían demostrar que todos los participantes en las manifestaciones fueron pagados para asistir? ¿O acaso ya estaban cansados de los abusos constantes en nombre de la “guerra contra el crimen”?

Valioso es el documento que elabora CADHAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos) al respecto en la región. Y valiosos los informes que documentan, con un realismo difícil de digerir, el actuar de las fuerzas de seguridad. ¿O no debería de cuestionarse siquiera?

PD. Y por cierto, ante el mito de que el ejército y las policías no poseen “suficiente” personal y armamento para combatir el crimen, demostraron sí tenerlo para reprimir el movimiento social de Oaxaca en 2006.

PD2. No hay que confundirse: No existen, formas “humanitarias” de ejecución (ni judicial ni extrajudicial).

Imágenes y texto: Prometeo Lucero


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2 responses

14 12 2009
sergio arturo stahl espinosa

No habìa tenido oportunidad, por falta de tiempo, de agradecer los envios que me hacen llegar a mi mail casi todos los dìas los compis del comitecerezo. Gracias, estoy pendiente del asunto, y comparto algunas, no todas, de vuestras ideas sociales y planteamientos ideologicos. Suerte, y como decia el Comandante Guevara: hasta la victoria siempre; patria o muerte. Un abrazo. Bye. Atte: Sergio Stahl. Columnista Diario de Chiapas.

18 12 2009
Prometeo

Hola Sergio, muchas gracias por tu comentario. Un abrazo.




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